Es indignante cómo, en la actualidad, parece que las instituciones públicas tienen una preocupante habilidad para retrasar el pago de facturas. Cada vez son más los proveedores que, tras cumplir con su parte del trato, se encuentran atrapados en un limbo burocrático interminable, esperando que alguien les pague lo que con justicia les corresponde. Mientras tanto, el interventor responsable se da el lujo de pasear en su coche de alta gama, como si su única preocupación fuera elegir su próximo destino vacacional.