La contratación pública en las empresas municipales continúa siendo un tema que huele muy mal.
La contratación pública en las empresas municipales continúa siendo un tema que huele muy mal.
Hay momentos en política en los que el silencio deja de ser una opción. Y este parece ser uno de ellos. Que tres grupos de la Asamblea de Ceuta hayan unido sus firmas para exigir la comparecencia obligatoria del consejero de Medio Ambiente y del gerente de OBIMASA con el fin de aclarar las presuntas irregularidades del proceso selectivo de tres plazas de experto forestal no es un episodio menor. Es un síntoma de que la confianza pública se ha deteriorado hasta límites preocupantes. La propia solicitud evidencia que existen dudas que merecen una explicación pública.
¿Dónde está la oposición cuando la legalidad de Ceuta salta por los aires? Esa es la pregunta que cualquier ciudadano con un mínimo de dignidad democrática debería hacerse hoy. La reciente exclusiva de La Verdad de Ceuta destapa una de las vergüenzas institucionales más graves de las últimas dos décadas en nuestra ciudad: los reveses judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y las demoledoras publicaciones del Boletín Oficial del Estado (BOE) que tumban definitivamente las triquiñuelas del Gobierno de Juan Vivas para mantener un control "a medida" en la Secretaría General de la Asamblea.
Hay momentos en política en los que el verdadero problema deja de ser si una contratación es o no legal. El problema pasa a ser otro mucho más profundo: la confianza de los ciudadanos en quienes administran el dinero público.
La Guardia Civil de nuestra ciudad ha desarticulado este martes una organización dedicada a la introducción irregular de inmigrantes por vía marítima, una operación en la que han sido detenidas seis personas.