CSIF ha reclamado al Gobierno de España que solicite formalmente a la Comisión Europea la activación del Reglamento (UE) 2024/1359, relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor en materia de migración y asilo, ante las consecuencias de la llegada masiva de personas a través de Ceuta.
CSIF ha reclamado al Gobierno de España que solicite formalmente a la Comisión Europea la activación del Reglamento (UE) 2024/1359, relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor en materia de migración y asilo, ante las consecuencias de la llegada masiva de personas a través de Ceuta.
El sindicato considera insuficientes los refuerzos anunciados hasta ahora y sostiene que la dimensión de la situación exige superar las medidas parciales adoptadas y recurrir a los mecanismos extraordinarios de solidaridad y apoyo previstos por la Unión Europea.
CSIF señala que, cuando está a punto de cumplirse un mes desde los episodios del 30 de julio, las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local, servicios de emergencias, Administración de Justicia, equipos de acogida, Administración Penitenciaria, sanidad pública, servicios de limpieza y servicios sociales de la Ciudad Autónoma trabajan, a su juicio, «al límite del agotamiento físico y profesional».
Por ello, reclama al presidente del Gobierno y al Consejo de Ministros que formalicen ante las instituciones comunitarias la solicitud de activación del reglamento europeo.
El sindicato destaca además que el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se declara una situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, reconoce que la llegada masiva y simultánea del 30 de julio superó las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana.
A juicio de CSIF, este reconocimiento oficial refuerza la necesidad de valorar el instrumento europeo diseñado específicamente para situaciones excepcionales de presión migratoria. El Reglamento (UE) 2024/1359 contempla como situación de crisis las llegadas masivas de nacionales de terceros países que, por su escala y naturaleza, puedan provocar que los sistemas de asilo, acogida o retorno de un Estado miembro dejen de funcionar adecuadamente, incluso cuando el impacto se produzca inicialmente a escala local o regional.
El sindicato recuerda que el reglamento es aplicable desde el pasado 12 de junio y sostiene que corresponde al Gobierno español presentar la solicitud motivada prevista en su artículo 2 para que la Comisión Europea evalúe formalmente la situación y, si se cumplen los requisitos, proponga al Consejo la adopción de las medidas extraordinarias correspondientes.
Entre las posibilidades que contempla el marco europeo se encuentran las medidas de solidaridad, como reubicaciones, contribuciones financieras y apoyo operativo, así como la adaptación temporal de determinados procedimientos fronterizos y de protección internacional y el refuerzo de los medios destinados a afrontar situaciones excepcionales.
CSIF valora los refuerzos solicitados a Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA), pero considera que estas medidas operativas no sustituyen a la posible activación del marco jurídico extraordinario.
La organización sindical sostiene que este instrumento permitiría también adaptar y agilizar determinados procedimientos fronterizos de asilo en situaciones de crisis y facilitar, cuando legalmente proceda, los procedimientos de retorno, siempre con las garantías establecidas por el Derecho de la Unión.
CSIF reclama asimismo una respuesta coordinada para aliviar la presión sobre los servicios públicos implicados en el control fronterizo, seguridad, identificación, asilo, acogida, atención a menores, retorno y servicios sociales.
«Si el propio Gobierno ha reconocido oficialmente que las capacidades ordinarias han sido superadas, debe explicar por qué no ha solicitado todavía la activación del instrumento europeo específicamente previsto para afrontar una situación de crisis», concluye el sindicato.
