Hace una década, apenas nadie sabía en España qué son los MENAs, sin embargo, hoy, la mayoría de la población sabe perfectamente quienes son. Los adolescentes migrantes sin referentes familiares, terminología rigurosa que dignifica al colectivo, son personas menores de edad que proceden de otros países con un proyecto migratorio en el que no cuentan con la referencia de un adulto familiar.
Hace una década, apenas nadie sabía en España qué son los MENAs, sin embargo, hoy, la mayoría de la población sabe perfectamente quienes son. Los adolescentes migrantes sin referentes familiares, terminología rigurosa que dignifica al colectivo, son personas menores de edad que proceden de otros países con un proyecto migratorio en el que no cuentan con la referencia de un adulto familiar.
Estos chicos, adolescentes en su mayoría, que proceden fundamentalmente de Marruecos y de los países del África Subsahariana, llevan algún tiempo, nos atrevemos a decir que algunos años, siendo utilizados políticamente. A este respecto la prensa estos últimos días está informando sobre las dificultades que se están produciendo para llegar a acuerdos entre el gobierno central y los autonómicos que hagan posible el mal llamado “reparto” de estos chicos que alcanzan la cifra de seis mil en las Islas Canarias, lugar de llegada masiva en los últimos años.
Precisamente los días 13 y 14 de junio se abordó esta cuestión en un coloquio internacional que se celebró en la Facultad de Formación del Profesorado en Cáceres y que se centró específicamente en los adolescentes migrantes sin referentes familiares: responsabilidad política, solidaridad y conciencia ciudadana. En este foro los profesionales y responsables políticos reunidos, entre los que se encontraban secretarias y directoras generales de infancia y de políticas migratorias de diferentes comunidades autónomas, sacaban como conclusión que cuando se habla de personas menores de edad, cuando se habla de niños y adolescentes, por encima de cualquier criterio se debe priorizar la máxima protección, entendiendo la misma como una recepción y acogida digna, con todo lo que ello implica. Los niños y adolescentes no pueden ser moneda de cambio ni política ni socialmente.
España en 1990 ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y hace justo ahora tres años, en junio de 2021, aprobó la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que hace a nuestro país pionero en el mundo en esta materia. En este sentido y tras las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU, España debe hacer cumplir la ley y es el Estado central quien se debe ocupar de ello pues, aunque las competencias en materia de personas menores de edad la tienen las autonomías, mientras la mal llamada ley de extranjería no modifique su artículo 35, los adolescentes migrantes sin referentes familiares deben de ser dirigidos a comunidades autónomas con capacidad para garantizar una acogida digna.
El Consejo Independiente de Protección de la Infancia -CIPI- insta al Gobierno Central a ser resolutivo, articulando lo antes posible, mediante los mecanismos de los que dispone, una acogida de estos chicos en las mejores condiciones posibles en todas las comunidades autónomas del estado español.
Antonio Salvador Jiménez, presidente del CIPI señala: “El CIPI extiende su mano, como lo lleva haciendo desde hace una década promocionando los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes sin distinción de fronteras ni condiciones y creyendo fehacientemente en el proverbio africano que dice que “el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para poder sentir calor”.