El balance oficial habla de un alto grado de cumplimiento, con actuaciones en vivienda, conectividad, empleo, energía e infraestructuras. Sin embargo, la percepción en la calle y entre buena parte de la oposición sigue siendo otra: muchas cifras, muchos anuncios y pocos cambios tangibles en la vida diaria de los ceutíes.
El balance oficial habla de un alto grado de cumplimiento, con actuaciones en vivienda, conectividad, empleo, energía e infraestructuras. Sin embargo, la percepción en la calle y entre buena parte de la oposición sigue siendo otra: muchas cifras, muchos anuncios y pocos cambios tangibles en la vida diaria de los ceutíes.
Ceuta vuelve a mirar al Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico con una mezcla de expectativa, prudencia y escepticismo. El Gobierno sostiene que el documento ha alcanzado un grado de cumplimiento cercano al 80%, pero la pregunta que se repite en la ciudad es mucho más sencilla: ¿dónde se nota realmente ese avance?
El Plan Integral fue aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de octubre de 2022 con el objetivo de impulsar una transformación estructural de Ceuta mediante un nuevo modelo económico, actuaciones urbanísticas, comerciales, turísticas, de conectividad y de fortalecimiento de los servicios públicos. Además, el propio Estado reconoce que el plan consta de 80 medidas, con carácter general hasta 2026 y, en algunos casos, hasta 2030.
Sobre el papel, hay actuaciones que sí han avanzado. La Oficina Técnica de Proyectos está operativa y tiene como función asesorar a pymes, emprendedores y a la propia Ciudad en la captación de fondos, preparación de proyectos y seguimiento de medidas del Plan Integral. En su página oficial se recogen trabajos vinculados a proyectos como la rehabilitación del Baluarte de los Mallorquines, la licitación de viviendas en Monte Hacho, el nuevo 112, actuaciones turísticas y otras iniciativas en curso.
También figuran entre los avances más relevantes la cesión de suelo militar para vivienda, el cable eléctrico submarino, la nueva terminal marítima, los planes de empleo y distintas actuaciones de conectividad. El secretario de Estado de Política Territorial llegó a destacar la cesión de suelo militar, el desdoblamiento de la N-352, la inversión superior a 300 millones en el cable submarino, la nueva estación marítima y más de 70 millones en planes de empleo.
Pero ahí aparece el principal problema político y social del plan: no es lo mismo ejecutar administrativamente una medida que cambiar la realidad cotidiana de una ciudad. El vecino no mide el Plan Integral por el número de reuniones, convenios o porcentajes de cumplimiento, sino por si encuentra vivienda, si mejora el transporte, si bajan los costes, si se reducen las listas de espera, si hay empleo estable o si los barrios perciben una mejora real.
El caso de la vivienda es el ejemplo más claro. La cesión de suelo militar se presenta como una de las grandes medidas del plan. El convenio con Defensa contempla la entrega de terrenos de los acuartelamientos Coronel Físcer, Teniente Fuentes Pila y Otero para destinarlos a vivienda social y desarrollo urbano. El BOE recoge una inversión estimada de 59,1 millones de euros y detalla que el desalojo de esas instalaciones se encuentra vinculado a actuaciones en ejecución hasta 2026.
Es decir, la medida existe, el convenio está firmado y el camino jurídico se ha abierto, pero la consecuencia real —viviendas construidas, llaves entregadas y familias viviendo en ellas— todavía no ha llegado. La propia información oficial de la Oficina Técnica recoge que Monte Hacho contempla 61 viviendas, Huerta Téllez 29 y Pozo Rayo 102, dentro de un Plan de Vivienda 2025-2028 que aspira a superar las 1.000 viviendas de alquiler asequible y social.
En materia energética, el cable submarino es otra actuación estratégica. La Moncloa lo presentó como una infraestructura llamada a garantizar una energía más estable, segura y competitiva, con una inversión de 330 millones de euros. Sin embargo, para que esa medida sea percibida por la ciudadanía tendrá que traducirse en seguridad de suministro, estabilidad real y beneficios visibles para hogares y empresas.
En empleo, las medidas tampoco están exentas de debate. El Estado aprobó subvenciones directas a empresas de determinados sectores con trabajadores indefinidos en Ceuta y Melilla, vinculadas a las bonificaciones en la cotización y al objetivo de impulsar empleo estable y de calidad. Sin embargo, el propio Gobierno de la Ciudad ha pedido revisar las bonificaciones a la Seguridad Social por las limitaciones en su aplicación, además de reclamar mejoras en sanidad, educación, educación especial, conectividad marítima y aérea y apoyo financiero para el Plan de Vivienda.
Por eso, el balance del 80% necesita una segunda lectura. Si se mide por expedientes iniciados, convenios firmados, licitaciones publicadas, oficinas creadas y proyectos encauzados, el avance puede defenderse. Pero si se mide por impacto directo, el resultado es mucho más discutible. Ceuta sigue con problemas graves de vivienda, dependencia del transporte marítimo, presión asistencial, dificultades para atraer inversión privada, desempleo estructural y una sensación ciudadana de que las grandes cifras no siempre bajan a la calle.
