La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las Mesas de Negociación de Instituciones Penitenciarias y de Función Pública, ha denunciado la preocupante situación que vive el Centro Penitenciario de Ceuta, tras conocerse los datos de 2024 facilitados por el Ministerio del Interior sobre objetos prohibidos incautados en la prisión de Fuerte Mendizábal.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las Mesas de Negociación de Instituciones Penitenciarias y de Función Pública, ha denunciado la preocupante situación que vive el Centro Penitenciario de Ceuta, tras conocerse los datos de 2024 facilitados por el Ministerio del Interior sobre objetos prohibidos incautados en la prisión de Fuerte Mendizábal.
Durante el pasado año, los funcionarios decomisaron 28 teléfonos móviles, dos objetos punzantes, casi un kilo de cannabis, además de pequeñas cantidades de cocaína, benzodiacepinas, antipsicóticos y otras sustancias psicoactivas. Desde CSIF consideran que estos datos reflejan tanto el ingenio de algunos internos como las graves carencias en recursos humanos y materiales a las que se enfrenta la administración penitenciaria.
El sindicato alerta del aumento constante de decomisos, lo que consideran un indicador claro del incremento de la peligrosidad para los trabajadores del centro. De hecho, CSIF denuncia que un funcionario penitenciario es agredido cada 20 horas en España, y que más de mil agresiones se han registrado en los últimos dos años.
A las agresiones físicas se suman amenazas, coacciones y situaciones de tensión constantes, que, según el sindicato, no siempre se contabilizan, pero impactan gravemente en el clima laboral.
Desde CSIF exigen medidas urgentes y contundentes para frenar esta tendencia al alza de violencia en las prisiones españolas. Entre las principales causas del deterioro de la situación señalan:
-
La incorrecta clasificación de los internos, con presos potencialmente peligrosos ubicados en módulos menos restrictivos.
-
La falta de cobertura total de las relaciones de puestos de trabajo (RPT).
-
La necesidad de actualizar los protocolos de seguridad.
-
La falta de consenso político para otorgar a los funcionarios penitenciarios la condición de agentes de la autoridad, con el principio de indemnidad.
Además, CSIF denuncia la precariedad sanitaria dentro del centro ceutí, especialmente durante el periodo vacacional, y recuerda que la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, prevista por la ley desde 2003, sigue pendiente en Ceuta y Melilla, donde continúa gestionada por el INGESA.
"La administración ha demostrado una clara falta de voluntad para proteger y dotar adecuadamente a los trabajadores penitenciarios", lamentan desde la sección sindical, que ensalza la labor diaria de los funcionarios y reclama soluciones inmediatas para garantizar unas condiciones laborales dignas y seguras.