Este domingo se cumple un mes. Treinta días desde que Ceuta quedó desbordada por una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos y treinta días en los que los ceutíes han tenido que soportar una situación extraordinaria que ha alterado la convivencia, tensionado los servicios públicos, golpeado a la economía y provocado una sensación de abandono que resulta difícil de explicar en un Estado que se supone presente en todo su territorio. Un mes después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde ha estado el Gobierno de España?
Este domingo se cumple un mes. Treinta días desde que Ceuta quedó desbordada por una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos y treinta días en los que los ceutíes han tenido que soportar una situación extraordinaria que ha alterado la convivencia, tensionado los servicios públicos, golpeado a la economía y provocado una sensación de abandono que resulta difícil de explicar en un Estado que se supone presente en todo su territorio. Un mes después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde ha estado el Gobierno de España?
Porque lo verdaderamente indignante no es únicamente la magnitud de lo ocurrido, sino la respuesta ofrecida. Durante semanas, Ceuta ha reclamado algo tan elemental como que el Estado asumiera el control de una crisis que supera con mucho las capacidades de una ciudad de apenas 20 kilómetros cuadrados. Se pidió coordinación, se pidió un mando único, se pidió seguridad, se pidió capacidad de respuesta y se pidió, sobre todo, que Madrid entendiera que Ceuta no podía seguir afrontando sola una emergencia de estas dimensiones. La respuesta llegó tarde, cuando el problema ya había adquirido unas proporciones descomunales.
Mientras tanto, han sido los ceutíes quienes han pagado la factura. Comerciantes, empresarios, trabajadores, familias, sanitarios, policías, funcionarios y organizaciones sociales han tenido que convivir durante semanas con una realidad excepcional. Una ciudad pequeña, fronteriza y especialmente vulnerable ha tenido que absorber una presión que ningún Gobierno responsable debería haber permitido que recayera de semejante manera sobre sus ciudadanos. No es solidaridad exigir a Ceuta que soporte indefinidamente lo que corresponde resolver al Estado. Es abandono.
Y resulta especialmente grave que durante buena parte de este mes haya faltado precisamente lo que más necesitaba la ciudad: liderazgo. Demasiadas declaraciones, demasiadas reuniones y demasiadas explicaciones a posteriori. Demasiado tiempo buscando culpables, justificando retrasos o trasladando responsabilidades. El Gobierno llegó tarde a la emergencia y, cuando reaccionó, lo hizo después de que Ceuta hubiera soportado durante semanas una situación que exigía una respuesta inmediata. Si esta es la capacidad de reacción del Estado ante una crisis de seguridad y fronteras, los ceutíes tienen motivos más que suficientes para sentirse preocupados.
Treinta días después, Ceuta no necesita discursos. Necesita hechos. Necesita que el Estado garantice su seguridad, que las fronteras estén realmente protegidas, que se gestione con eficacia la situación de las personas que permanecen en la ciudad y que se devuelva cuanto antes la normalidad a una población que no tiene por qué seguir pagando las consecuencias de decisiones políticas, errores de previsión o falta de coordinación. Los ceutíes no son ciudadanos de segunda. No pueden ser siempre los primeros en sufrir las consecuencias y los últimos en recibir soluciones.
Este mes debería servir para que alguien en Madrid asumiera responsabilidades. Porque una emergencia de treinta días deja de ser una sorpresa y empieza a convertirse en una gestión. Y la gestión del Gobierno de España en Ceuta ha sido, hasta ahora, tardía, insuficiente y profundamente injusta con una ciudad que lleva demasiado tiempo reclamando que el Estado esté a la altura de su obligación. Ceuta ha resistido. Sus ciudadanos han resistido. Ahora le toca al Gobierno demostrar que también sabe estar a la altura.
