Es inaceptable que un lugar de prestigio y simbolismo como San Mamés se preste a ovacionar a un individuo que ha enarbolado el símbolo de ETA en el Everest. Estamos hablando de un homenaje a un sinvergüenza que decidió manchar la cima del mundo con la ikurriña ligada a un grupo terrorista que causó dolor, muerte y sufrimiento en España. Ovacionar a una persona que llevó el símbolo de unos asesinos sin escrúpulos no es solo un insulto a las víctimas, sino una afrenta a todos los que valoran la democracia y la paz.

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Es lamentable ver cómo, en un país que presume de su Estado de derecho, los juzgados están inundados de casos de corrupción que involucran a políticos. Cada día aparece un nuevo titular: “político imputado”, “político condenado”, como si se tratara de un espectáculo cotidiano al que ya nos hemos acostumbrado. Es vergonzoso que aquellos que deberían ser ejemplo de transparencia y ética parezcan estar más familiarizados con los tribunales que con el servicio público que juraron defender.

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Por fin parece que en Europa alguien empieza a escuchar el sentido común. La reciente propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de abrir centros de retorno para inmigrantes fuera de la UE es una decisión que muchos venimos reclamando desde hace tiempo. Es evidente que estos centros, más allá de su utilidad para la gestión de los flujos migratorios, deben estar ubicados en países cercanos a las familias y las raíces de los migrantes, donde puedan mantener sus tradiciones y costumbres.

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El caso de Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, que se aferra al cargo a pesar de su imputación, es un reflejo más de la profunda crisis ética en la que parece estar sumida la política española. Lamentablemente, esto no es nada nuevo, y supone casi una resignación que muchos ciudadanos compartimos, pero no debería ser así. Que una figura de esta relevancia dentro del sistema judicial se vea envuelta en investigaciones debería ser motivo suficiente para dar un paso al lado, pero en lugar de eso, parece que seguimos normalizando lo anormal.

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La reciente decisión del Senado de devolver al Congreso la ley sobre los presos de ETA es un alivio para quienes aún recordamos el dolor y el sufrimiento que esta organización terrorista dejó en tantas familias. Resulta indignado que el gobierno socialista de Pedro Sánchez, que lleva años obsesionado con la ley de memoria democrática para desenterrar a un muerto de hace casi cincuenta años, como Francisco Franco, en un intento de honrar a las víctimas del franquismo, no tenga los huevos. suficientes para honrar también la memoria de todos los asesinados por ETA. En lugar de justicia para estas víctimas, están más interesados en conceder beneficios a quienes opten por el terror.

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Ceuta, Lunes 31 de Agosto del 2026

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