En un panorama político donde a menudo las palabras parecen medir más que los hechos, Macarena Olona, Cayetana Álvarez de Toledo e Isabel Díaz Ayuso destacan como mujeres que no tienen miedo a llamar a las cosas por su nombre. Con estilos distintos, pero un denominador común de valentía, se han atrevido a decir lo que muchos piensan pero pocos expresan. ¿Dónde están los hombres de la derecha que deberían estar liderando con la misma contundencia?
La política española no deja de sorprendernos, y no siempre para bien. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, ha vuelto a darnos una lección de cómo hablar mucho sin decir nada. Según ella, el ultimátum de Junts a Pedro Sánchez no merece preocupación, y todo se solucionará con “mucho diálogo y acuerdos”. Resulta curioso cómo alguien que ostenta un puesto tan relevante puede ofrecer respuestas tan vacías a cuestiones tan serias. ¿De verdad se puede gobernar un país con este nivel de ingenuidad —o peor, cinismo?
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura que la relación entre España y Marruecos atraviesa su mejor momento. Sin embargo, estas declaraciones, más que un reflejo de la realidad, parecen una venta ante los continuos desplantes del país vecino. Cada vez que Albares se sube a un atril, no faltan las palabras bonitas y las promesas de una cooperación ejemplar. Pero, ¿a quién quiere convencer? Desde este lado del Estrecho, la sensación es bien distinta.
Carles Puigdemont, un fugado de la justicia española que disfruta de su autoexilio en Waterloo, vuelve a dar lecciones de dignidad desde su pedestal europeo. Ahora resulta que no quiere negociar los Presupuestos con el PSOE y pretende hacerlo desde Suiza, como si el lugar fuese a darle más legitimidad. Es insólito que alguien que huyó de la justicia española, dejando atrás un reguero de ilegalidades, se atreva a plantear exigencias al Gobierno de España. ¿Quién es Puigdemont para marcar las reglas de juego? Un prófugo no debería tener voz en el presente ni el futuro de nuestro país, pero aquí está, jugando al ajedrez con el tablero de la democracia española.
El reciente movimiento del Tribunal Constitucional, apartando al magistrado César Tolosa de la deliberación sobre la ley de amnistía a petición del fiscal general del Estado, es un síntoma más de la deriva que está tomando nuestra democracia. Aunque el argumento jurídico para apartarlo se sustenta en su vínculo con el Partido Popular, la decisión no deja de levantar suspicacias. ¿Realmente se busca garantizar la imparcialidad o simplemente despejar el camino para la aprobación de una ley que, en cualquier caso, parece diseñada para beneficiar a quienes vulneraron la ley en Cataluña?
