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Parece que la historia se repite. De nuevo, el Gobierno en el punto de mira por sus declaraciones sobre la judicatura. La frase "Algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender" lanzada hacia el instructor del Tribunal Supremo, no es solo una opinión, es una bomba dialéctica que resuena en los cimientos de nuestra democracia. Y es que no es la primera vez, ni la segunda, que desde el Ejecutivo se lanzan dardos envenenados hacia la labor de los tribunales. Ya cansa, ¿verdad?

España arrastra un problema que muchos prefieren ignorar, como si mirar a otro lado fuera a resolverlo: la falta de margen fiscal. La economía necesita oxígeno para invertir en lo que realmente importa —impulsar la productividad, reducir la pobreza infantil y cerrar la brecha en innovación—, pero lo cierto es que nuestras cuentas públicas apenas dan para respirar. Seguimos funcionando con un déficit estructural crónico y una deuda elevada que condicionan cualquier ambición de futuro.

Lo que está ocurriendo con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no es solo grave, es directamente una vergüenza institucional. El Tribunal Supremo propone juzgarlo por un delito de revelación de secretos en el caso que afecta al novio de Isabel Díaz Ayuso. Y lo hace señalando que la filtración del famoso correo electrónico no fue fruto de un error, ni de un exceso de celo, sino de una maniobra política dirigida desde el propio Gobierno. Si esto se confirma, estaríamos ante uno de los escándalos más obscenos de utilización del aparato del Estado con fines partidistas.

Cuando VOX Ceuta advierte que “no se puede mantener lealtad institucional con quien está rompiendo España”, no está exagerando. Está diciendo en voz alta lo que muchos españoles piensan en silencio. Porque, seamos sinceros, Pedro Sánchez lleva dinamitando la estructura del Estado desde el primer día que pisó Moncloa con los votos de quienes quieren destruir la unidad nacional.