El Gobierno no pude seguir mirando hacia otro lado y debe poner fin a los numerosos empadronamientos fraudulentos que se están produciendo en ambas ciudades autónomas y provoca que sean miles los marroquíes que, pese a vivir en el país vecino, figuran como empadronados en la ciudad con el fin de beneficiarse de todos los servicios públicos que se ofrece en Ceuta, en detrimento de los verdaderos residentes que lo necesitan y que se ven privados de estos.
