En las empresas públicas se manejan cada día miles de datos personales: nóminas, expedientes, informes médicos, direcciones, teléfonos, sanciones, contratos… Datos que pertenecen a personas, no a despachos ni a políticos. Y sin embargo, cada vez es más frecuente ver cómo esa información acaba circulando fuera del ámbito que le corresponde, vulnerando derechos fundamentales sin que nadie asuma responsabilidades.
