Aunque las ocupaciones ilegales de viviendas no son tan habituales como pudiera parecer (alrededor de 8.000 en 2020), su incidencia aumenta de año en año y no parece que vaya a disminuir justo ahora, coincidiendo con la crisis económica. De hecho, el número de propietarios que contratan los servicios de una empresa de seguridad para sus segundas residencias no hace sino aumentar. No es un servicio barato, cuesta entre 35 y 75 euros al mes según el tamaño de la vivienda y la compañía, pero puede ayudar a impedir el allanamiento, ya que una detección temprana debería facilitar una rápida intervención de las fuerzas de seguridad antes de que se consume la ocupación. De hecho, algunas grandes empresas se están sumando a este nicho de mercado en alza.
