Desde la Sección Local del CSIF se congratulan de haber conseguido que ni los agentes de la Policía Local ni miembros del OAST se encuentren en los puntos calientes como los arcos de seguridad ni los controles principales.
La Unión General de Trabajadores ha denunciado que el superávit de 2.263 millones en las cuentas de 2016 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) significa que los presupuestos establecidos para ser destinados a personas sin empleo y sin cobertura por desempleo, no se han ejecutado. Para la confederación, este superávit no puede calificarse, en ningún caso, como un éxito, tal y como lo ha vendido el SEPE porque la existencia de un remanente en este organismo supone que hay más de 2.000 millones de euros que no se han destinado a prestar servicios de empleo a los ciudadanos, y esto, en un país con más de 4 millones de desempleados, donde se ha enquistado el paro de larga duración -más del 56% de los parados lleva más de un año buscando trabajo- y la tasa de cobertura por desempleo deja sin prestación al 45% de las personas registradas en el paro, es incomprensible.
El sector de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exigió hoy al Gobierno y al conjunto de fuerzas políticas de la oposición que demuestren sentido de Estado y acuerden sin más dilación la oferta de empleo público de 2017.
El sector de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exigió hoy al Gobierno y al conjunto de fuerzas políticas de la oposición que demuestren sentido de Estado y acuerden sin más dilación la oferta de empleo público de 2017.
Tras la denuncia pública realizada por CCOO el pasado mes de noviembre, la Delegación del Gobierno solo ha hecho cumplir parcialmente su resolución del año 2009, por la que se obligaba a la empresa Petrolífera DUCAR a implantar un dispositivo de seguridad privada, mediante vigilante con arma de fuego en sus instalaciones, consideradas como infraestructuras críticas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Seguridad Privada.
