Desde CSIF, advierten que esta normativa de medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, aprobada por el Gobierno el mes pasado y que el Congreso convalida hoy, arranca sin ningún tipo de negociación ni consenso y va a deteriorar la calidad de la enseñanza en todo el país. Por eso, reiteran su petición de dimisión de la ministra de Educación, Isabel Celaá, quien ocultó al Consejo Escolar y a los representantes de los trabajadores el contenido de esta norma.