Cinco años dan para mucho, también para sacar cuentas incómodas. El balance de la lucha antiyihadista deja cifras que llaman la atención: 37 menores detenidos, 116 expulsados y, al mismo tiempo, ningún plan de atentado inminente detectado. Sobre el papel, suena a éxito: se actúa antes de que el problema estalle. Pero, visto de cerca, también abre preguntas sobre qué estamos viendo exactamente y cómo lo estamos interpretando.
El caso de Noelia, en el contexto de la eutanasia, ha vuelto a encender un debate que, lejos de ser sencillo, toca fibras muy profundas de la sociedad. El Instituto de Política Social (IPSE) ha denunciado con dureza lo ocurrido, hablando incluso de un posible “fracaso del sistema sanitario” y de las políticas públicas llamadas a proteger a las personas más vulnerables. Más allá de posiciones, lo cierto es que el tema incomoda, interpela y obliga a mirar de frente cómo estamos cuidando —o no— a quienes sufren.
Cada vez que se acerca la Semana Santa, hay una escena que se repite casi como tradición: maleteros llenos, prisas de última hora y carreteras que empiezan a saturarse desde bien temprano. Este año, la previsión de más de 17 millones de desplazamientos no solo confirma esa costumbre, sino que la eleva a cifras históricas. Y claro, la pregunta es inevitable: ¿estamos preparados para mover a tanta gente sin que el caos se apodere del asfalto?
LaLiga ha dado un paso que muchos llevaban tiempo esperando: un protocolo claro para prevenir y actuar frente a conductas de discriminación y acoso en los estadios. Puede sonar a algo que ya debería estar resuelto desde hace años, pero la realidad es que el fútbol, como reflejo de la sociedad, todavía arrastra problemas que van más allá del juego. Este movimiento, por tanto, no solo es necesario, sino urgente.
Hay momentos en política en los que las diferencias territoriales pasan a un segundo plano y lo que prevalece es la necesidad de hacerse oír. Eso es lo que está ocurriendo con varias comunidades gobernadas por el PP, que han decidido plantar cara de forma conjunta a un Gobierno central al que acusan de asfixiar el sistema de dependencia. Más allá del color político, el debate toca una fibra sensible: el cuidado de quienes más lo necesitan.
