La imputación de la presidenta de la SEPI y de otras 24 personas en el marco del llamado ‘caso Leire’, por presuntos amaños en contratos públicos y cobro de comisiones irregulares, vuelve a situar al Gobierno en el centro de la polémica judicial. No es un episodio aislado, sino otro más en una cadena de investigaciones que no dejan de crecer.