El juzgado de lo Penal ha condenado este jueves a C.S.L. a 9 meses de prisión y a 158,19 euros de multa por los delitos contra la salud pública y falsedad documental. En dos días, el condenado consiguió llevarse 210 comprimidos de 2 mg de Trankimazin por medio de recetas falsificadas que presentó en una farmacia de la calle Teniente Coronel Gautier con la intención de venderlas ilícitamente.
Este miércoles estaba señalado el juicio por el apuñalamiento a Younes Mohamed en 2016. Un grupo de personas armadas con machetes y una catana agredieron al joven, entonces con 29 años de edad, en la Cuesta Parisiana. El suceso causó la conmoción de la ciudad que, aquel año, se preparaba para salir a la calle el 17 de diciembre a una concentración convocada por Ceuta Insegura.
La Sala del Juzgado de lo Penal nº1 de Ceuta ha celebrado, este lunes, un juicio contra dos marroquíes con permiso de residencia en España, que intentaron pasar 16,65 kilogramos de Hachís -con un valor de 26.806 euros- ocultos en el depósito de gasolina de un vehículo, propiedad de una tercera persona que nada tenía que ver con el cometido ilegal que llevaban a cabo.
Después de que los portavoces de MDyC y Ciudadanos, Fatima Hamed y Javier Varga, pusieran en manos de la justicia, a través de un recurso contencioso administrativo, los nombramientos del consejero de Educación y Cultura, Javier Celaya, y de la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kissy Chandiramani, y que éste no fuera admitido a trámite por el Juzgado de Ceuta y se archivara la causa, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado el recurso de apelación interpuesto por ambos diputados contra aquella resolución dictada el 6 de junio de 2017.
El pasado 12 de octubre, R.S.S. se encontraba en la Estación Marítima en compañía de una menor marroquí, a la que llevaba agarrada del brazo y que pretendía introducir ilegalmente en la península aún sabiendo que carecía de documentación que le permitiese la entrada en territorio español. La acusada trató de burlar el control policial de identificación en la entrada del Puerto entregando a los agentes de Policía Nacional una documentación que no pertenecía a la niña, tal y como declaró posteriormente en Comisaría cuando se derrumbó.
