“Con la prohibición de la esterilización forzada de personas incapacitadas judicialmente, España da un paso histórico en el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las personas con Discapacidad”, ha asegurado esta tarde Cristina Paredero, miembro de la junta directiva de Plena inclusión y activista en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Hoy, con la aprobación de una iniciativa de ley en el Pleno de la Cámara baja, se ha allanado el camino para la abolición del supuesto del Código Penal español que autoriza las esterilizaciones, muchas en contra de su voluntad, de personas incapacitadas judicialmente (en su mayoría mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo).