Los afectados por cláusulas suelo que hayan iniciado acciones judiciales (como las 12.000 familias incorporadas a la macrodemanda de ADICAE) no podrán ser desahuciados ni verse expuestos a la pérdida de su vivienda en una ejecución hipotecaria. Esa es la consecuencia de la sentencia de 17 de julio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
