En un entorno económico donde la transparencia y la eficiencia en la gestión pública son pilares fundamentales, el uso del FACE (Factura electrónica) se presenta como una herramienta prometedora para agilizar los procesos de facturación en la Administración. Sin embargo, su potencial se ve empañado por la falta de acción de la Agencia Tributaria y la impunidad con la que el interventor actúa, generando un escenario de frustración y desconfianza para los proveedores.