El Partido Popular ha puesto el dedo en la llaga con una petición que, lejos de ser oportunista, responde a una necesidad real: garantizar que se enseñe en los institutos de toda España la historia del terrorismo de ETA. Y no se trata de reabrir heridas, sino de evitar que se borren. Porque lo que no se cuenta, se olvida, y lo que se olvida, corre el riesgo de repetirse.
No es de recibo que quienes velan por nuestra seguridad sigan cobrando dietas que parecen ancladas en otra época. El Partido Popular ha puesto sobre la mesa una cuestión de justicia: actualizar las compensaciones que reciben los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando tienen que desplazarse por razones de servicio. Y no es que pidan un privilegio, sino una actualización que se ajuste al coste real de la vida.
La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha vuelto a dar un paso al frente donde otras instituciones siguen caminando de puntillas. Su nueva Guía de Comercio Online, presentada ante la Agencia Tributaria, no es solo un manual técnico: es una llamada de auxilio, con argumentos, para que de una vez se entienda que vender por internet desde Ceuta no debería ser una odisea fiscal.
La noticia duele: los bomberos han encontrado sin vida a un hombre mayor en su casa de la Plaza de los Reyes. Nadie contestaba a su puerta desde hacía días. Nadie preguntaba por él. Hubo que forzar la entrada para descubrir que, como tantas otras veces, la soledad había ganado la batalla.
La justicia ha hablado claro en Ceuta y lo ha hecho con una sentencia que sienta precedente en España: diez personas han sido condenadas por utilizar drones para introducir droga desde Marruecos. No es ciencia ficción, es la realidad del narcotráfico en pleno siglo XXI, donde la tecnología ya no solo sirve para repartir paquetes o grabar vídeos turísticos, sino también para vulnerar fronteras y eludir controles policiales.
